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POLICIALES Y JUDICIALES || 2015-09-17 05:12:27
El colmo: allanamiento por pago indebido de “zona y vivienda” en la Policía
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CATAMARCA.- Hay situaciones de las que no se habla en la provincia por la hipersensiblidad electoral como por ejemplo el allanamiento ordenado por la justicia en dependencias de la Policía catamarqueña en el marco de una investigación que se sigue por el cobro indebido de "zona y vivienda".

El procedimiento ordenado por la Unidad de Delitos Especiales, a cargo del doctor Marcelo Sago, implicó secuestrar expedientes y computadoras con información sobre el pago por este concepto a personal policial sospechado de cobrar este plus estando en capital como si estuviera en Antofagasta de la Sierra o en el norte de Belén.

Estas irregularidades administrativas se suman a otras no menos preocupantes como el pago de adicional, retención indebida de haberes o el uso del VALE de combustible, aspectos todos relacionados al manejo de la plata en la institución que conduce el Jefe de Policía, Julio Cesar Gutiérrez.

Sago investiga la supuesta arbitrariedad, encubrimiento y complicidad de las autoridades policiales en una extraña operación donde personal de la fuerza de manera ilegal y al margen de la normativa interna que regula estos ítems cobra zona y vivienda sin que se corresponda con la realidad laboral y los servicios de los efectivos beneficiados.

La investigación comenzó tras la denuncia de Claudia Barros, una suboficial que formaba parte de institución pero que tras haber dado a conocer que se cometían estas irregularidades fue apartada de la fuerza de seguridad. Barros terminó denunciando a Gutiérrez, al comisario Gral Carlos Alberto Pedraza y al comisario Raúl Alberto Cedrón por violencia institucional, armado de causa, mobbing laboral y violencia de género.

Si bien la justicia tiene suficientes elementos para imputar se queda siempre a mitad de camino. De todos los hechos están al corriente tanto el secretario de Seguridad, Marcos Denett, como el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi pero ante la pasividad o permisividad de las autoridades oficiales mencionadas se disparan inevitablemente los interrogantes sobre la complicidad entre la Policía y el Poder Político.

Aunque la mayoría de los uniformados conocen de estas injusticias prefiere no hablar debido a las represalias que van desde arrestos para los denunciantes, pasando por la pérdida de la fuente laboral e incluso la retención indebida de haberes.

El lugar del allanamiento ordenado por Sago fue en el Departamento Personal a cargo del comisario mayor Hector Coronel. Luego del sucuestro de expedientes y computadoras se desconoce si se iniciaron sumariso administrativos porque todo se maneja bajo un silenciio y una reserva absoluta.   

Llama la atención que la Gobernadora Lucía Corpacci desconozca sobre el desmanejo y las persecuciones que sufre el personal policial y sobre todo que no intervenga cuando se trata de mujeres de la institución que el gobierno kirchnerista local prometió sanear y jerarquizar. Todo lo contrario.

Se le presentó notas con copia de las denuncias a la Primera mandataria catamarqueña para que se ponga al día y tome conocimiento pero Lucía Corpacci no ha dada señales de vida aún sobre este delicado tema. 


Por Juan Carlos Andrada
Redacción: El Aconquija / El Intransigente / www.catamarca.la
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